PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO |
La Procuraduría General de Justicia es la dependencia del Ejecutivo del estado, que por imperativo Constitucional se encarga de la persecución de los delitos, a través del Ministerio Público y órganos auxiliares, velando así por la exacta aplicación de la ley y porque los delitos no queden impunes.
Su marco jurídico se concentra en la Constitución General de la República, la Constitución Local del Estado, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Orgánica del Ministerio Público, entre otras leyes.
La función ministerial se rige, entre otros, por los principios de buena fe, unidad, indivisibilidad, irrevocabilidad, imparcialidad, irrecusabilidad, independencia, legalidad y probidad, que ciñen al servidor público involucrado en procurar justicia a realizar sus labores en forma eficiente y con absoluta probidad.
La exigencia de la población en los servicios del Ministerio Público, ha traído como consecuencia la necesidad inaplazable de multiplicar los esfuerzos y servicios que son a cargo de dicha Institución, teniendo como toral premisa la creciente y constante capacitación y actualización de sus miembros, tanto los de nivel profesional como aquéllos que prestan labores de apoyo, para así cumplir con eficacia las demandas que se le plantean.
Este empeño se ha visto reflejado en la impartición de más Academias de Instrucción para Policía Ministerial, con una duración de 7 meses y en las que mediante una selección rigurosa se analizan perfil psicológico, entorno social y condición física de quien ingresa a obtener una formación profesional.
La capacitación del policía ministerial comprende desde lineamientos elementales de derecho y ética, hasta defensa personal y manejo de armamentos; concluyendo con un periodo de mes y medio de prácticas, para posteriormente darse de alta en las filas de la policía investigadora.
Desde que estas academias se instauraron, quien no haya obtenido en ellas la formación inicial no puede ingresar a las filas de la Policía Ministerial.
Otra vertiente de la capacitación es la profesionalización de todos los elementos que auxilian en la difícil tarea de la procuración de justicia, por lo que se celebraron 117 eventos educativos solventados con fondos que aporta el Sistema Nacional de Seguridad Pública; algunos más por invitación de otras instituciones y los realizados por el propio Instituto de Formación, que suman 148 mil 913 horas de capacitación especializada en disciplinas relativas a las tareas a cargo de la Procuraduría.
Dentro de los eventos realizados destacan talleres en materia de peritación, técnicas de indagación del delito y fármaco-dependencia, identificación de armas de fuego, así como cursos de criminalística dirigidos al área de Servicios Periciales.
La Policía Ministerial recibió entre otros más, un seminario de investigación criminal y secuestro, cursos de acondicionamiento físico y defensa personal y la entrevista en la investigación del delito.
Los Agentes del Ministerio Público estuvieron presentes en un diplomado de actualización, en cursos de investigación criminal, de delitos patrimoniales e identificación de vehículos robados.
Como parte de la actualización y profesionalización de los elementos de esta Dependencia, se envió a un Agente del Ministerio Público a la Academia del Buró Federal de Inteligencia en Quántico, Virginia, Estados Unidos, además de que por invitación 2 Agentes de la Policía Ministerial acudieron a la ciudad de Praga, República Checa, a tomar un curso sobre uso de armamentos.
Por su empeño en capacitar al personal de la Procuraduría General de Justicia, el estado de Guanajuato se ha visto distinguido por la Academia Nacional de Seguridad Pública, beneficiándose con un curso de la más alta especialización sobre biología molecular, relacionado con la identificación del ADN, impartido por peritos franceses, al que asistieron no sólo elementos de nuestra área de criminalística, sino servidores de Procuradurías de otros estados, como Veracruz y Aguascalientes.
Este curso tendrá aplicación en el Laboratorio de Genética Forense, que en fecha próxima verá inaugurado su nuevo inmueble, que contará con tecnología de punta, colocando así al estado de Guanajuato a la vanguardia a nivel nacional y como uno de los mejores a escala internacional, convirtiéndonos en una de las primeras Procuradurías en desarrollar pruebas de identificación del ADN y tipificación molecular para dictámenes relativos a paternidad e identificación humana.
En ese importante propósito de capacitación, se busca no realizar una adición numérica de individuos, sino aportar personal con conocimientos actualizados que permitan el combate eficiente contra la delincuencia.
La Procuraduría General de Justicia ha hecho grandes esfuerzos por atender mejor a quienes han sido víctimas u ofendidos de un delito, mediante una más ágil recepción de las denuncias o querellas.
Esto se ha visto reflejado en el lapso que se informa, ya que se abrieron 57 mil 602 averiguaciones previas en las 125 Agencias y Delegaciones que funcionan en el estado, notándose un incremento del 9.04% en comparación con el periodo anterior, en el que se tramitaron 52 mil 396.
De esas indagatorias se planteó el 14.91% ante los tribunales, en la búsqueda de aplicar castigo a quienes aparecen como presuntos responsables.
Por lo que toca al resto de las averiguaciones previas, en el 35.25% no se encontraron elementos para instar ante los órganos jurisdiccionales y por ello se determinó su archivo; la porción restante se ha reservado, en tanto se busca acopiar mejores pruebas.
El 5.42% de las averiguaciones previas iniciadas se encuentra en trámite, toda vez que las investigaciones sobre los actos a que se refieren no se han concluido para efectos de dilucidarlos.
Se ha cuidado hacer planteamientos acusatorios sustentados en pruebas eficaces y valiosas ante los órganos jurisdiccionales, traduciéndose ello en un papel de mayor eficacia del Ministerio Público en su actuar dentro de los procedimientos criminales.
Es así que de 5 mil 344 resoluciones para iniciar Juicios Penales, 4 mil 774 contuvieron órdenes de aprehensión y únicamente 570 las denegaron; en Autos de Término Constitucional se decretaron 5 mil 494 de formal prisión contra sólo 199 de soltura y de 4 mil 933 sentencias definitivas, 4 mil 643 fueron condenatorias y el resto, esto es, 290 casos tuvieron índole absolutoria, lo que quiere decir que de las decisiones emitidas en procesos ya instaurados por los Jueces durante el periodo de que se informa, el 93.37% fue favorable a los intereses jurídicos de la sociedad representados por la Procuraduría de Justicia, lo que significa que se hacen acusaciones en la inmensa mayoría de los casos probadas, que son de ese modo consideradas por los órganos resolutores, restañando el orden jurídico quebrantado y asegurando la no impunidad de los delitos cometidos.
De las determinaciones adversas contra las cuales el Ministerio Público interpuso recursos de apelación, se obtuvieron en las Salas del Supremo Tribunal de Justicia 180 resoluciones modificadas y 133 revocadas, lo que representa el 52.34% en pro de los intereses representados por la Representación Social.
Por el contrario, de las 998 impugnaciones hechas valer por la parte acusada, sólo fueron acogidas el 43.39%, desechándose el resto.
La Policía Ministerial, en observancia de disposiciones constitucionales, ha de ser órgano de valioso auxilio para el Ministerio Público y, por ende, para la colectividad, bajo la fundamental premisa de que debe irrestrictamente ceñirse a las órdenes de aquél y actuar siempre con un soporte legal, esto es, dentro de una investigación legítimamente iniciada.
Cualquier actuación fuera de esos inamovibles límites será antijurídica y, por ende, arbitraria, por lo que la fundamental tarea de la Procuraduría en este particular es la de convertir a la Policía Ministerial en auténtico brazo de acción del Ministerio Público, siempre en defensa de los intereses sociales y de los guanajuatenses, quienes han de ver en ella no al temible violentador de sus derechos, sino al apoyo para sus necesidades legales, amén de las labores propias dentro de las averiguaciones previas.
En el periodo de que se informa, la Policía Ministerial realizó 28 mil 605 operativos policíacos, en los que se decomisaron 430 armas, se detuvo a 636 personas por posesión de droga y se recuperaron 1 mil 151 vehículos robados.
En lo tocante a la ejecución de órdenes de aprehensión, es de destacarse que en el lapso a que se refiere este informe se cumplimentaron 3 mil 948, cifra que es muy próxima a la de los mandamientos de captura que judicialmente se emitieron, aunque no de la magnitud que fuera deseable, ya que al inicio de su nueva gestión, en la Procuraduría General de Justicia había 4 mil 294 órdenes de aprehensión pendientes de llevarse a cabo. Cabe señalar que de las 39 mil 737 órdenes de investigación recibidas por la Policía Ministerial 24 mil 183 arrojaron resultados positivos.
Otro de los apoyos que con oportunidad y calidad son determinantes para la función persecutoria, es el constituido por los Servicios Periciales, ya que la prueba de carácter científico es la de mayor confiabilidad y certeza en la investigación criminal.
Sobre grafoscopía se realizaron 2 mil 246 pruebas y de dactiloscopía 1 mil 383, lo que denota un aumento considerable de esos peritajes durante este periodo, en virtud del incremento de documentos cuya autenticidad fue cuestionada y que se deben analizar.
Con la adquisición del Sistema Automatizado de Huellas Dactilares, que es una de las más avanzadas técnicas criminalísticas utilizadas en el país, ahora es posible con mayor precisión y rapidez detectar qué personas han cometido determinados hechos ilícitos con el sólo análisis de aquellas evidencias, permitiendo también la creación de un banco a nivel nacional de huellas dactilares.
El Departamento de Servicios Periciales ha expedido 40 mil 881 cartas de no antecedentes penales, como un servicio más a los habitantes del estado de Guanajuato.
Para lograr los objetivos de la Procuraduría, en una vinculación de propósitos comunes en lo tocante al comercio y tránsito de estupefacientes y otras sustancias prohibidas que se han tornado un grave problema y una seria preocupación para las familias guanajuatenses, las Procuradurías Generales de la República y de la entidad determinaron instalar Agencias Mixtas, en las que materialmente trabajan juntos Fiscales Federales y del estado, Policías Ministerial y Judicial, Servicios Periciales y apoyos administrativos, contándose a la fecha con 2 de esas Agencias, una en la ciudad de Uriangato y otra más en León, la primera de las cuales se inauguró apenas 20 días después de que se concertaron aquellas voluntades, con la presencia del Procurador General de la República.
Como parte de su programa de modernización y a efecto de brindar un trato digno a los cadáveres de víctimas de hechos con connotación delictiva, así como a sus familiares y deudos, fueron inaugurados 2 centros más del Servicio Médico Forense en las ciudades de León y Celaya, con lo que se completa la cobertura estatal en que lo que ve a ese segmento en la función de la Procuraduría.
La preocupación por atender y combatir adecuadamente el aumento que se ha presentado en los delitos de robo de vehículos, generó la instalación de una tercera Agencia del Ministerio Público exclusiva para la investigación e integración de las averiguaciones previas en ese rubro, la que se encuentra ubicada en la ciudad de León, con lo que se pretende dar celeridad a las indagaciones relativas a estos hechos.
El delito de robo de ganado lastima seriamente a nuestros campesinos, sobre todo a los de más escasos recursos, para quienes el robo de una o dos cabezas de ganado representa dejarles sin su total patrimonio, por lo que a efecto de combatirlo frontal y eficazmente, con apoyos extraordinarios se establecieron 6 Agencias del Ministerio Público Especializadas en delitos del campo, ubicadas en los Municipios de Pénjamo, Dolores Hidalgo, Purísima del Rincón, San Felipe, Salvatierra y Silao.
La actuación de quienes se han vinculado a las funciones de Procuración de Justicia ha de ser no sólo eficaz y expedita, sino también respetuosa de los derechos de todos los que por cualquier razón tengan contacto con aquéllos, por lo que se vigila, a través de la Visitaduría General, que sus servidores públicos se ciñan irrestrictamente al marco normativo que les rige y para ello recibe, sustancia y dictamina las quejas o denuncias que particulares o componentes de la propia Procuraduría le hacen llegar, amén de que brinda orientación a quienes en la materia la requieren. Así, en el periodo de que se informa, asistió a 557 personas respecto de procederes que estimaban irregulares, formalizándose 383 quejas, con un decremento del 5.44% respecto del mismo lapso anterior, de las cuales 255 culminaron con sancionamiento, algunos de la mayor entidad, pues se determinó destituir por mal comportamiento a 15 Agentes de la Policía Ministerial, 17 miembros del personal de apoyo o administrativo y 5 Agentes del Ministerio Público, amén de otras 218 sanciones a diversos funcionarios y empleados relativas a amonestaciones, apercibimientos, multas y suspensiones.
Como evidencia del indeclinable propósito de conducir la actividad de Procuración de Justicia con absoluto respeto a las garantías y derechos no sólo de víctimas y testigos, sino también de los propios inculpados, en el periodo que se informa se presentaron 57 quejas en la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos en contra de Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, emitiéndose en 39 de ellas resoluciones con recomendación. La actual Procuraduría de Justicia aceptó y ha dado cumplimiento al 100% de las recomendaciones que le han sido notificadas.
Motivo de especial preocupación en la binomial tarea de perseguir el crimen y administrar justicia, ha de ser para el Estado el derecho de la víctima, que pese a las innovaciones introducidas para su tratamiento jurídico, específicamente las últimas reformas constitucionales, no ve en los hechos resarcidos los daños que el delito le ha causado, por lo que resulta indispensable poner en marcha las reformas legales y estructurales que permitan al pasivo de la conducta antisocial alcanzar lo que, al igual que los restantes personajes del drama criminal, merecen: justicia. Sobre este punto, las Direcciones de Atención a Víctimas se han esforzado por atender ese segmento tan olvidado, habiendo en el periodo de que se informa brindado auxilio a 6 mil 973 personas, a las cuales se les otorgaron 3 mil 709 atenciones psicológicas; 2 mil 622 asistencias jurídicas y 2 mil 686 por parte de trabajo social, amén de que 2 mil 124 fueron remitidas a otras instituciones.
Esa dependencia impartió 644 pláticas de orientación y organizó o intervino en 11 eventos públicos especiales
Aún cuando trasciende el estricto límite de sus atribuciones, la Procuraduría General de Justicia ha colaborado con las instancias para ello facultadas en el combate al dañino flagelo que representa el comercio de enervantes, sobre todo en nuestros jóvenes y adolescentes, para lo que practicó vigilancia en escuelas de los diferentes niveles de instrucción, contando con la anuencia de las autoridades educativas, practicando 1 mil 354 operativos de esa índole en 20 municipios de la entidad, coordinándose con la oficina de Comunicación Social para distribuir también folletería en número de más de 10 mil respecto a cuestiones tan importantes como violencia intrafamiliar, síntomas de abuso sexual, víctimas en el delito de violación y combate a la delincuencia.
En ese mismo apartado, se ha establecido una muy firme y fluida vinculación con la Procuraduría General de la República, específicamente con su Dirección General de Prevención del Delito, la que ha tenido como material consecuencia la conformación de un acuerdo para el diseño y la aplicación de un programa que comprenderá no sólo el aspecto relativo a la prevención misma de hechos criminales, sino también a la nociva fármaco dependencia, que tendrá en inicio aplicación en los municipios de León, San Francisco del Rincón, Purísima de Bustos, Manuel Doblado y Guanajuato capital, con la pretensión de posteriormente ampliarlo a todo el territorio del estado.
