SECRETARÍA DE GOBIERNO |
La misión de la Secretaría de Gobierno consiste en promover la participación social para consolidar un Estado con gobernabilidad basado en el derecho, el desarrollo político, la libertad, la seguridad, la justicia y la democracia, que propicien una convivencia armónica y el desarrollo integral de la persona, la familia y los grupos sociales.
La Dirección General de Registros Públicos y Notarías durante los meses de noviembre de 2000 y mayo de 2001, implementó el sistema de folio electrónico así como la readecuación física y administrativa en 5 Registros Públicos.
En este periodo se publicó el Decreto Gubernativo que crea la Oficina del Registro Público en Apaseo el Grande, misma que entró en funciones el día 15 de junio del 2001.
Igualmente se conformó una mesa de trabajo con el apoyo de especialistas en cartografía electrónica, analistas en sistemas, así como abogados y notarios para el diseño del Proyecto del Instituto Catastral y Registral.
En enero de 2001 se consolidó el Programa de Foros de Discusión Virtual de Criterios Registrales, al cual están conectados todos los Registros Públicos de la Propiedad del Estado.
Se logró certificar en ISO 9002 en el mes de septiembre 4 registros públicos de la propiedad, que son los de Juventino Rosas, San Luis de la Paz, Irapuato y Celaya.
En el mes de octubre la Dirección General de Registros Públicos y Notarías inicia la prestación de los primeros servicios gubernamentales en línea: trámite remoto de certificados. Cualquier usuario puede solicitar un certificado de cualquier oficina, por medio de su conexión personal a Internet, pagar en línea y recibir el certificado en su domicilio.
Igualmente, a partir del mes de octubre, la Dirección General de Registros Públicos y Notarías inicia el servicio denominado Consulta Remota, a través del cual el suscriptor de este servicio puede consultar - vía Internet - la base de datos del Registro Público de León y darle seguimiento a sus trámites, desde su oficina. Actualmente, se están llevando a cabo las acciones técnicas necesarias para implantar este servicio en el resto del estado.
A través de las acciones que se señalan a continuación se ha promovido la colaboración y participación del Consejo y Colegio de Notarios, a fin de generar la apertura necesaria para fortalecer las relaciones del Gobierno con el notariado guanajuatense:
• Se inició el estudio de anteproyecto de reformas a la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, integrándose una mesa de trabajo con la representación del Colegio y Consejo de Notarios del Estado.
• En coordinación con el Colegio de Notarios del Estado, durante los meses de mayo y junio del presente año, se realizaron 6 reuniones regionales en los Municipios de León, Celaya, Salamanca, Irapuato, Acámbaro y San Miguel de Allende, en donde se presentaron programas y proyectos de trabajo de la Dirección General de Registros Públicos y Notarías al notariado guanajuatense.
Durante los días 5 y 6 de junio del presente año, se realizó el examen de oposición para asignación de Fíat de Notario Público para ocupar la vacante en el Municipio de Jerécuaro, perteneciente al Partido Judicial con cabecera en Acámbaro, Guanajuato, con la participación del Consejo de Notarios y la Universidad de Guanajuato.
La Dirección General de Seguridad en la Tenencia de la Tierra, a través de su Programa de Regularización de Asentamientos Humanos difundió el procedimiento para la regularización de asentamientos humanos irregulares en los 46 municipios, logrando con ello la regularización e incorporación al orden urbanístico de 41 asentamientos humanos con un total de 2 mil 718 lotes que beneficiaron a 14 mil 947 habitantes en 17 municipios, además de la entrega de 4 mil 499 escrituras públicas, beneficiando a igual número de familias.
Dentro del Programa de Regularización de Predios Agrícolas y Ganaderos de Pequeña Propiedad Carentes de Títulos, se difundió el Programa de Regularización de Predios Agrícolas y Ganaderos de Pequeña Propiedad Carentes de Escrituras Públicas, en las cabeceras municipales de 43 municipios, igualmente se logró la regularización de 486 predios rústicos en beneficio de la misma cantidad de familias.
Se entregaron 518 escrituras, en donde se comprenden títulos de propiedad que durante el ejercicio del programa salieron de su inscripción registral.
En el tema de Conciliación de Conflictos de Predios Rurales en el estado, se celebraron 26 sesiones de trabajo en las que se trataron 97 casos, habiéndose respaldado cada uno de los casos con la investigación de hecho y jurídica respectiva; se realizaron 190 investigaciones donde se logró la conciliación de dichos conflictos. Se consiguió así preservar la seguridad en la tenencia de la tierra.
En el presente ejercicio se intervino en 7 restituciones en los siguientes lugares: comunidades de Anacón (dos intervenciones) en el municipio de Salamanca; comunidad de Ojos de Rana, del municipio de Romita; Heróico Colegio Militar No. 67 en Valle de Santiago; comunidad Hacienda de Merino, del Municipio de Cortzar, y comunidad de Noria de Mosqueda, perteneciente al municipio de Valle de Santiago. Dichas diligencias fueron ordenadas por las autoridades legalmente competentes.
Para la ciudadanía guanajuatense contar con una dependencia como la Dirección de Representación Gratuita en Materia Civil, resulta altamente benéfico, toda vez que sus responsabilidades primordiales consisten en asesorar y defender de manera absolutamente gratuita, en juicios civiles, a aquellas personas que por sus escasos recursos económicos no se encuentren en posibilidad de contratar los servicios de un abogado particular.
Esta Dirección ha atendido en el periodo que abarca este informe, a 32 mil 912 personas a las que brindó orientación y asesoría gratuita; inició 3 mil 102 juicios civiles, de los cuáles se han resuelto de manera definitiva 1 mil 748, obteniéndose sentencia favorable en 1 mil 670, lo que se traduce en una efectividad del 95.54% por parte de nuestros abogados, así como en un ahorro para la población de escasos recursos económicos solicitante de este importante servicio en aproximadamente $4’000,000.00 (Cuatro millones de pesos) si atendemos al costo promedio que por honorarios perciben los abogados particulares por este tipo de trámite.
En el estado de Guanajuato el trato digno y respetuoso a la ciudadanía, es nuestra prioridad; por ello brindamos defensa jurídica a toda persona involucrada en la comisión de algún ilícito, que carezca de recursos para contratar un abogado particular o bien que, contando con los recursos económicos, así lo solicite a través de la Defensoría de Oficio en materia penal, dependencia que ha intervenido en 9 mil 142 procesos penales durante el periodo que se informa.
Con la intervención de los Defensores de Oficio en materia penal, 119 internos de los Centros de Readaptación Social en el Estado, se han visto beneficiados con los Subprogramas de Excarcelamiento, los cuales se caracterizan por ayudar a personas sujetas a un proceso penal y cuyo obstáculo para la obtención de su libertad bajo caución sea la falta de recursos económicos y que no tenga antecedentes penales; teniendo sus bases este subprograma en los principios de libertad, equidad y justicia.
Trabajo y previsión social
El derecho al trabajo, como derecho social, reviste medular importancia, toda vez que su objetivo primordial es lograr una coexistencia armónica entre los factores productivos, esto es, equilibrar las relaciones entre patrones y trabajadores, lo cual implica un gran reto para este Gobierno.
La Dirección de Trabajo y Previsión Social tiene a su cargo la coordinación y vigilancia del funcionamiento de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, Procuradurías de la Defensa del Trabajo, adscritas a cada una de las Juntas Locales y a los Inspectores del Trabajo.
Las atribuciones de la Dirección del Trabajo y Previsión Social son conocer del Procedimiento Administrativo Sancionador por Violaciones a la Ley Federal del Trabajo de aquellas fuentes de trabajo que se encuentren dentro de su jurisdicción territorial y que son de su competencia, conforme a lo establecido en la legislación laboral aplicable.
Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje
La impartición de justicia del trabajo se realiza a través de los Tribunales Laborales, en los cuales se presentaron 7 mil 529 demandas, siendo la causa principal de éstas el despido injustificado.
Aplicando técnicas de conciliación para dar celeridad al trámite de los juicios, se logró concluir 5 mil 641 expedientes.
Respecto a la emisión de laudos es importante mencionar que se dictaron 1 mil 124. Concientes de la importancia que reviste para las partes dentro de un proceso conocer en forma expedita el resultado del juicio, se fijó el compromiso de dictar en un término mínimo el proyecto de laudo.
El sector laboral se preocupa porque los trabajadores del estado obtengan prestaciones y derechos superiores a los contemplados por la Ley de la materia; por ello, interviene de manera activa en todos los conflictos colectivos que se plantean ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Se tiene detectado que la principal causa de emplazamientos a huelga es la revisión de Contratos Colectivos de Trabajo. Es de resaltar que de 189 emplazamientos a huelga únicamente estalló uno, lo que significa que en el estado de Guanajuato existe estabilidad laboral que se traduce en atracción de inversiones, generación de empleos, certidumbre a los empresarios y, sobre todo, tranquilidad para los trabajadores guanajuatenses.
Inspectoría del Trabajo
Atendiendo a su principal función de vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo que se realizan a través de las inspecciones generales a las empresas, es importante mencionar que de 786 inspecciones practicadas se sancionaron a 36 fuentes de trabajo, es decir, solamente el 5% de las empresas visitadas no cumplen con el total de las condiciones de trabajo previstas en la Ley de la materia.
Procuraduría de la Defensa del Trabajo
Es el órgano representativo y tutelar de los trabajadores ante todas las autoridades del estado, con facultad para ejercer las acciones que se requieran a fin de evitar transgresiones a las normas laborales. En este sentido se atendió de manera gratuita a 8 mil 263 trabajadores y se celebraron 4 mil 246 convenios, lo que significa que se logró avenir a las partes, evitando la presentación del mismo número de demandas ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, lo que reduce los conflictos laborales en forma directa, trayendo un beneficio inmediato a las familias de quienes se ven involucrados en un problema de índole laboral.
En aquellos casos en que no se logra el avenimiento de las partes, se procede al trámite jurisdiccional de elaboración y presentación de demandas mediante las cuales son representados y asesorados los trabajadores y/o los sindicatos siempre que lo soliciten.
Previsión Social
En el ámbito laboral se concluyeron un total de 4 mil 246 juicios por acuerdo entre las partes.
Se trabajó en la tercera versión del Atlas de Riesgos para el estado, la cual se encuentra en proceso de impresión y posterior difusión, con la finalidad de incrementar el nivel cultural sobre Protección Civil y contar con información especializada y actualizada.
En este aspecto se capacitó al personal de esta Coordinación así como al de los Sistemas Municipales de Protección Civil y demás dependencias, para actuar con eficiencia en la atención a las contingencias que afectan al estado.
A la vez se ha fomentado la cultura de protección civil para lograr una sociedad previsora ante cualquier eventualidad, mediante la difusión y distribución de información en esta materia, por lo que se han impartido 60 cursos, se han distribuido 30 mil trípticos sobre cómo evitar y enfrentar incendios forestales; 30 mil trípticos para la temporada de lluvias y se han difundido 2 mil 170 mensajes radiofónicos en las principales estaciones de radio del estado.
En forma coordinada con la Delegación Estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y con los sistemas municipales de protección civil, se atendieron 132 incendios forestales.
Se firmaron convenios de colaboración con los 46 municipios, en los cuales se aportaron por ambas instancias vehículos, materiales, equipo diverso e infraestructura, consolidándose los sistemas municipales de protección civil.
En coordinación con la Secretaría de Energía y autoridades municipales, se realizaron visitas de inspección a 43 plantas de almacenamiento de gas L.P., 53 estaciones de carburación y 2 empresas que utilizan gas LP. para autoabasto, de cuyas acciones se clausuraron 5 plantas de carburación.
Con la finalidad de verificar las condiciones de seguridad, para expedir la anuencia del Ejecutivo, se realizaron 7 inspecciones a talleres que solicitaron permiso a la Secretaría de la Defensa Nacional para fabricación de artificios pirotécnicos y manejo de explosivos.
En materia de seguridad, mención especial merecen las visitas de inspección a los escenarios del Festival Internacional Cervantino, por lo cual se entregaron los diagnósticos a las autoridades correspondientes.
Con la participación de la Comisión Nacional del Agua y municipios de la entidad, se realizaron visitas de inspección a cauces de ríos, arroyos, presas y puentes en 25 municipios.
Con la finalidad de coordinar y atender emergencias, se amplió el programa telefónico 066, de 4 a 13 centros municipales de operación y despacho autónomos, teniendo una cobertura de servicio al 67% de la población del estado, lo que nos pone a la vanguardia a nivel nacional como sistema. Tecnología que igualmente repercute en la seguridad pública ya que intercomunica a todas las corporaciones de auxilio civil y policía.
En relación a las necesidades detectadas, se impartieron dos cursos sobre manejo de crisis por amenaza de artefactos explosivos a 44 personas, entre personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Procuraduría General de la República, Coordinación Estatal de Protección Civil, Coordinación de Radiocomunicaciones, Policía Ministerial del Estado, Dirección General de Seguridad Pública del Estado, Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado y a las Direcciones de Seguridad Pública Municipales.
La actividades de prevención del delito, desplegadas por la Secretaría de Gobierno, con la finalidad de mantener la seguridad de la ciudadanía, se realizaron con absoluto respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos, tarea que contribuyó a la preservación del Estado de Derecho. Por este motivo, la Dirección General de Seguridad Pública, realizó 2 mil 232 patrullajes terrestres que dieron como resultado 69 personas puestas a disposición del Ministerio Público Federal, 35 al Ministerio Público del fuero común, 1 mil 208 personas remitidas a separos por comisión de faltas administrativas, así como el aseguramiento de 12 armas de fuego y 23 vehículos detenidos por encontrar irregularidades.
Es importante mencionar que se realizaron 42 apoyos de diversa índole, como restituciones, combate a incendios, encuentros deportivos, traslados de reos, foros internacionales y custodia a funcionarios de Estado, destacándose la visita, el 16 de febrero del presente año, de los Presidentes de México y de los Estados Unidos de Norteamérica, Vicente Fox Quesada y George W. Bush respectivamente.
En patrullaje aéreo se efectuaron 406 vuelos de los helicópteros de seguridad pública, colaborando en operativos con instancias federales y municipales.
En relación con el registro estatal de policía, cuya función es la captura de datos de elementos de las policías que funcionan en el estado, se cuenta con 5 mil 279 registros, de los cuales 1mil 137 se generaron en el periodo que se informa; proporcionándose además 1 mil 527 consultas a diversas autoridades sobre elementos de seguridad, principalmente a los municipios. De la misma forma se implementaron 5 nuevos centros de consulta en los municipios de León, Irapuato, Salamanca, Celaya y San Miguel de Allende, los cuales están enlazados al registro estatal de policía y éste a su vez al registro nacional.
En apoyo a las autoridades de 14 municipios, se realizaron 1 mil 153 exámenes antidoping, emitiéndose el certificado correspondiente.
En materia de operativos de seguridad se han estrechado las coordinaciones con la Secretaría de la Defensa Nacional (XII Región y XVI Zona Militar), Procuraduría General de la República, Policía Federal Preventiva, Procuraduría General de Justicia del Estado y corporaciones municipales, realizándose diariamenteacciones de prevención del delito.
Se siguió fomentando la cultura de prevención del delito aumentándose la participación ciudadana en programas como: Vigilante Voluntario, incrementando su implementación de 18 a 24 municipios y la asistencia de 1 mil 658 a 1 mil 931 niños; Toma tus Libros y Aléjate de la Violencia, al que asistieron 1 mil 301 educandos; y Todos por la Seguridad, realizado en 8 municipios con una asistencia de 2 mil 32 personas.
El Instituto para la Formación de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado fortaleció el tiempo de la capacitación a elementos de las direcciones de policía federal, estatal, municipal, centros de readaptación social e interesados en temas relacionados con la seguridad pública, impartiéndose durante el periodo que se informa 437 mil 250 horas/hombre a 1 mil 948 personas.
Se consolidó la especialidad de Policiólogo Criminalista a nivel posgrado con validez oficial de la Secretaría de Educación de Guanajuato mediante acuerdo formal.
En coordinación con la Academia Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Certificaciones (CONOCER), se definieron las normas Función Básica del Policía y La Regulación del Tránsito de Vehículos, Personas y Transporte, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, mismas que se imprimieron en agosto y noviembre del año 2000, respectivamente.
Se otorgaron becas para directivos de las corporaciones policiales tanto municipales como estatales, con el fin de que éstos obtuvieran conocimientos especializados en cuanto a la prevención y manejo de crisis por explosivos.
Se propició el crecimiento integral de los elementos de seguridad pública, haciendo énfasis en la conducta y en los principios éticos esenciales e indispensables en el desarrollo humano a través del reconocimiento del estudio del acto humano, mediante el Taller de Ética y Desarrollo Integral, con la participación de 46 elementos, celebrado en abril y mayo del presente año.
Con el objetivo de proporcionar un conocimiento organizado y sistematizado en materia de seguridad pública y con el firme propósito de que el elemento realice con mayor efectividad y profesionalismo la función preventiva, se dio inicio a dos diplomados, el primero denominado Administración de la Seguridad Pública y el segundo Diplomado Táctico Operativo en Seguridad Pública, en los cuales se atiende a 17 municipios, a la Dirección de Seguridad Pública del Estado, a la Policía Federal Preventiva y a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En el renglón de prevención y readaptación, se puso en funcionamiento un nuevo Centro de Readaptación Social en el municipio de Valle de Santiago, denominado CERESO MIL, que es el primero en iniciar operaciones dentro de la República Mexicana. La forma como fue diseñado, su obra civil, su equipamiento con tecnología de vanguardia a nivel nacional e internacional y el personal elegido y capacitado para su operación, lo convierten en un lugar seguro y confiable.
Su capacidad para 1 mil 165 internos brinda el respaldo de erradicar en su totalidad el problema de la sobrepoblación con proyección al año 2003.
El diseño de este inmueble está proyectado para atender de manera eficaz los requerimientos de todo establecimiento de esta naturaleza, contando con espacios no sólo para la reclusión en condiciones ordinarias, sino también con áreas especiales para internos de difícil readaptación. Para ello cuenta con amplios espacios destinados para actividades educativas, laborales, de capacitación, deportivas, recreativas y de convivencia familiar, así como modernas instalaciones médicas y de servicios generales, lo que hace de este centro un lugar propicio para la adecuada asimilación del tratamiento readaptativo.
El operativo de traslado de internos al nuevo centro se realizó con "saldo blanco" en un tiempo de 48 horas con la participación de la Dirección General de Seguridad Pública, la Dirección General de Tránsito y Transporte, la Policía Federal Preventiva, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, todas coordinadas por la Subsecretaria de Seguridad de la Secretaría de Gobierno; con esta acción se pudo reubicar a 522 internos de 7 centros estatales y 12 cárceles municipales; habiéndose trasladado a 378 directamente al nuevo centro y 144 de cárceles municipales a centros estatales de acuerdo a la región para evitar el desarraigo.
Posteriormente se realizaron 159 traslados a dicho Centro para quedar con una población de 537 internos, 460 hombres y 77 mujeres. Con todo lo anterior se abatió la sobrepoblación dignificando la estancia de los internos y se dio cumplimiento a la separación entre procesados y sentenciados que dispone el artículo 18 Constitucional.
Dentro del programa de Prevención del Delito denominado "Vive Seguro" se realizaron por parte de ocho centros estatales y el entonces Instituto Tutelar, un total de 25 visitas a escuelas secundarias de diversos municipios, beneficiándose a 1 mil 500 personas.
Se realizó la IV Semana Cultural y Recreativa del Menor, durante la cual se realizaron diversas actividades dirigidas tanto a los menores internos como a la población civil, registrándose un total de 2 mil 455 asistentes, superándose la participación de la versión anterior que tuvo una participación de 1 mil 283 personas.
En los Centros de Readaptación Social de Guanajuato, Pénjamo y Celaya se realizó la graduación y entrega de certificados totales de estudios a la primera generación de internos que concluyeron el nivel de preparatoria a través del sistema videobachillerato, habiéndose graduado 37 internos; además que en este último se instauró el nivel de educación superior, ofreciendo a los internos las carreras de Ingeniería Industrial, Administración de Empresas y Mercadotecnia, encontrándose inscritos 25 internos, lo que lo convierte en el primer Centro de Readaptación Social en el estado en ofrecer un nivel de educación superior, habiéndose iniciado con esto las gestiones para su implementación en otros Centros de Readaptación Social.
Se tramitaron 518 beneficios de libertad para internos recluidos en los centros estatales y municipales, de los cuales fueron concedidos 218.
Se recibió sólo una recomendación por parte de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, la cual fue aceptada y cumplida de inmediato.
Cabe destacar que en lo que va del periodo en los Centros Estatales de Readaptación Social no se presentaron disturbios ni contingencias (riñas, motines, fugas).
Se ha venido dando seguimiento a los trabajos de obras de dignificación de infraestructura penitenciaria en los Centros de Readaptación Social del Estado y en el Instituto Tutelar, además de haberse realizado un proyecto sobre el mismo rubro para las 13 cárceles municipales, proyecto que se ejecutará en el presente año.
De conformidad con su coincidente función pública y la naturaleza de sus actividades, es el Núcleo que tiene a su cargo la vigencia y preservación del Estado de Derecho, la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia han realizado acciones buscando sumar sus esfuerzos y obtener de ese modo mejores resultados.
En ese particular cabe hacer especial mención a las tareas emprendidas para la conformación de la Secretaría de Seguridad Pública, toda vez que resulta indispensable que Estado y sociedad actúen coordinada y eficazmente para hacer frente y erradicar la amenaza que se cierne sobre los grupos comunitarios respecto de lo que más nos interesa preservar: los espacios de convivencia para nuestras familias, la tranquilidad de nuestros hogares y el clima de paz sin el que no sería dable nuestro desarrollo humano, tanto en lo individual como en lo colectivo.
En observancia a lo estatuido en la Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Seguridad Pública se encuentra destinada a ser un bastión del orden, la tranquilidad y la seguridad de los habitantes del estado.
Las vertientes de sus atribuciones se dividen en las materias de seguridad pública, readaptación social y protección civil, bajo aspectos preventivos y de combate directo a las acciones antisociales. Es por ello que su creación material ha sido meticulosamente analizada en cada uno de aquellos aspectos.
En esa tesitura, se han realizado los trabajos de estructuración sobre una reflexión objetiva de las necesidades de asegurar, antes de su vulneración, los bienes y valores patrimonio de los habitantes de la entidad.
En la conformación de la nueva Dependencia se pretende lograr la participación ciudadana a través de diversos canales, con el objeto de establecer un compromiso entre la sociedad y el gobierno y así institucionalizar una cultura de denuncia y autoprotección.
De la misma manera, se busca que las áreas que conformarán la nueva Secretaría tengan atribuciones y funciones que constituyan un aspecto novedoso a integrar en la seguridad pública, que permitan satisfacerla con idónea y eficaz acción.
Es de precisar que el esquema que se intenta es el mínimo indispensable para brindar de mejor manera una seguridad pública integral, el marco normativo que sustente la organización y facultades, así como la estructura financiera y administrativa que permita activar los planes y programas que se elaboren.
La alta responsabilidad que esto conlleva obliga a mantenerse prestos al cumplimiento del compromiso adquirido con la sociedad de proteger sus más altos intereses.
Para dar plena vigencia a las normas jurídicas contenidas en la Ley sobre la materia, en el mes de junio próximo anterior se conformaron los órganos que son menester para el ortodoxo funcionamiento del Sistema Estatal de Tratamiento para Menores Infractores, el que se sustenta en la observancia de un procedimiento para, con pleno respeto a las Garantías Individuales del señalado como autor de una infracción de orden penal, se indaga el hecho relativo por una Comisión Investigadora, que se encarga de plantearlo ante quien habrá de sustanciarlo y resolverlo, esto es, la Comisión Dictaminadora, cuyas determinaciones pueden ser impugnadas, conociendo de ellas una Sala Revisora.
Con el funcionamiento de estos órganos, se hace efectiva la aplicación de las normas vigentes para evitar injustas impunidades y simultáneamente aplicar a los menores infractores la medida de seguridad que por su especial condición es pertinente.
La protección de los bienes y valores ha de ser premisa fundamental en la actuación pública para asumir y actuar frente a los hechos que les vulneran o ponen en riesgo, por cuya virtud esa nueva estructuración de los órganos del Sistema Estatal de Tratamiento para Menores Infractores se sustenta en el equitativo trato que ha de darse a los dos importantes factores en juego: la preservación del orden jurídico en la sociedad y la necesidad de aplicar a un menor de edad la medida que resulte conveniente para su correcta inserción en el grupo comunitario.
Una de las más caras aspiraciones de los guanajuatenses, que por ello origina justificados y vehementes reclamos, es el relativo a seguridad pública. Dejar a nuestras familias en el hogar con la certeza de que estarán a salvo de agresiones y amenazas; caminar por las calles sin temor a asaltos y vejaciones; en suma, rescatar para nosotros y nuestros hijos los espacios dignos y tranquilos en que pueda desarrollarse el hoy y fincarse el mañana, han de ser no una aspiración lejana, sino una necesaria realidad concreta, si queremos conservar las condiciones que nos han permitido, como sociedad organizada, asomarnos al nuevo milenio.
De ahí que tratándose de una tarea que debe partir del seno comunitario, esto es, de la colectividad que se ve afectada por lo que toca a su representación original en principio asumirla, la Secretaria de Gobierno y la Procuraduría de Justicia encargadas de la prevención y persecución de los hechos delictivos, han impulsado acuerdos de cooperación con un gran número de los municipios de la entidad y que se han agrupado por zonas o regiones; durante el periodo que se informa se han integrado siete convenios de los que ya se han firmado 2 y que involucran a los Ayuntamientos del norte del Estado: Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión, Allende, Dolores Hidalgo, así como los de la región noreste: San Luis de la Paz, Tierra Blanca, Victoria, Atarjea, Doctor Mora, Santa Catarina, San José Iturbide y Xichú. Está próximo a firmarse los convenios restantes.
Los esfuerzos del poder público en Guanajuato, a través de las acciones que se describen en los párrafos anteriores, han tenido un resultado que se refleja en el índice que para fijar el parámetro delictivo se utiliza nacionalmente y que se representa por el número de denuncias que se reciben en las instancias de procuración de justicia, muchas de las cuales desde luego no culminan con la declaratoria de estar acreditado un verdadero hecho criminal y que en el periodo que se informa fue de 10.72 por cada mil habitantes, cifra que se mantiene prácticamente en el mismo rango al que se obtuvo en el año anterior; cabe precisar que de este número la mayoría de las averiguaciones a que da lugar se refiere a delitos de escasa magnitud y que sólo el 2.67 incide sobre hechos de gran trascendencia social. Por señalar los de mayor importancia, en lo que va de la presente administración se han recibido 2 denuncias por secuestro y 2 por robos bancarios, lo que ubica a Guanajuato como uno de los estados cuyas cifras en la materia se ubican en los menores rangos y significándolo en consecuencia, como la entidad donde se trabaja tenazmente por la prevalencia del Estado de Derecho
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
La misión de este Tribunal es resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten por actos o resoluciones de la administración pública del estado, de los ayuntamientos y de los juzgados administrativos municipales, que afecten los intereses jurídicos de los gobernados, revisando que la actuación de las autoridades se realice dentro de un Estado de Derecho, promoviendo el respeto a la ley, restableciendo el derecho conculcado y ordenando el resarcimiento de daños y perjuicios al ciudadano.
Aunque estructuralmente depende del Poder Ejecutivo, el Tribunal Contencioso Administrativo es un órgano jurisdiccional autónomo, con un alto desarrollo profesional que garantiza a los ciudadanos el respeto de sus derechos y la imparcialidad que amerita una dependencia como la mencionada.
La labor de la Defensoría de Oficio en materia Administrativa, tiene un amplio carácter social, al defender de abusos y arbitrariedades a los más desamparados, ya sea a través de la representación en juicio o mediante la orientación y desahogo de consultas jurídicas especializadas.
Sobre el impacto de la entrada en vigor de nuevas disposiciones en el periodo que se informa, cabe destacar que se vio reflejada en la actividad del Tribunal, la vigencia de la nueva Ley de Justicia Administrativa y de las reformas a la Ley Orgánica Municipal, por lo que tanto la actividad litigiosa, como la referida a la impartición de justicia propiamente dicha, registra un crecimiento cualitativo del 75%, toda vez que la complejidad de los planteamientos formulados por las partes, exigió del personal jurisdiccional, un amplio y exhaustivo análisis de las pretensiones deducidas, que no solamente se concretan a pedir la nulidad de los actos combatidos, sino además el reconocimiento de un derecho tutelado por un ordenamiento administrativo y al resarcimiento de daños y perjuicios.
Si antes de la entrada en vigor de la mencionada ley un juicio implicaba el análisis de un caso, ahora una sola demanda contiene de tres a cuatro planteamientos diversos, que implicarán necesariamente ese mismo número de análisis que frecuentemente impactan en gremios completos de la población del estado.
En cuanto a justicia cautelar las salas del Tribunal registraron un incremento del 18.7%, en virtud de que la nueva Ley de Justicia Administrativa incorpora ya no solamente la suspensión con efectos conservativos, sino algunas otras figuras, tales como la suspensión con efectos restitutorios, el decretamiento discrecional de medidas para preservar el único medio de subsistencia de la parte actora y la posibilidad de decretar la suspensión en materia fiscal con o sin garantía del crédito, a juicio del magistrado y bajo la observancia de los principios que establece la propia ley de la materia, lo cual entraña un alto grado de dificultad y de responsabilidad.
En relación con las sentencias definitivas la actividad de este Organo Jurisdiccional, se refleja sustantivamente en la emisión de sentencias definitivas, que cobran ese carácter cuando no se interpone el recurso de revisión, cuando no se interpone el juicio de amparo y cuando resuelto el recurso o resuelto el amparo, queda firme la decisión del magistrado. En este sentido, cabe destacar que aún cuando se elevó el número de amparos directos, sólo se concedió en ocho casos, representando, la suma de ambos rubros, un 1.98% del total de sentencias.
En el renglón de Procuración de Justicia se registró un incremento del 39.95% de asesorías gratuitas otorgadas a los particulares de escasos recursos económicos.
Dentro del proceso de municipalización es de señalarse que el Tribunal ha participado en forma directa en el proceso de municipalización de la justicia administrativa, a través de la impartición de seminarios de actualización, asesorías a jueces y presidentes municipales, conferencias en colegios de abogados y explicación del modelo de nuestro estado, en otras entidades federativas, lo que representa una inversión de 420 horas de trabajo.
Las reformas a la Ley Orgánica Municipal en materia de justicia, se han traducido en el decremento de asuntos promovidos en contra de actos provenientes de autoridades municipales, pero ha aparecido un nuevo rubro que es el que se refiere a los juicios promovidos en contra de las resoluciones dictadas por los jueces administrativos municipales.
Asimismo, la participación del pleno en la conformación de anteproyectos de reformas a dos leyes administrativas, tres leyes fiscales y nueve reglamentos municipales, habiéndose formulado así también, un proyecto de Código de Justicia Administrativa Municipal.
Se destaca como consecuencia de lo anterior, que cada día en el estado se ha logrado revertir la tendencia en que frecuentemente incurrían los particulares ante la falta de medios jurídicos y que ahora al tener un cauce constitucional, se refleja en la disminución de marchas, plantones, huelgas de hambre y otros eventos similares.
En el campo de la administración, el Tribunal ha implementado un programa de modernización para la procuración e impartición de justicia administrativa, traducido en la elaboración de:
• Manuales de bienvenida, de organización y de procedimientos.
• Consulta vía Internet al sistema unam-jure, a la biblioteca del Congreso, Diario Oficial de la Federación y a la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
• Sustitución del equipo de cómputo. 11 computadoras Hewlett Packard, modelo Brio BA410 D8896 A SK-2530 C4737-60001
• Adquisición de bibliografía especializada para cada una de las salas y para la biblioteca del propio Tribunal.
• Conformación de la página web del Tribunal.
Es importante mencionar que se ha mejorado notablemente la capacidad de respuesta del Pleno y de las salas en la emisión de sus resoluciones, como resultado de una distribución más equitativa de funciones, tanto por la creación de la cuarta sala, como por el establecimiento de la Unidad de Proyectos del Pleno, lo que ha permitido que los plazos de tramitación se hayan reducido de cuatro
meses, se logró acortar a 20 días.
Sobre los avances de proyecto, entre las acciones que se encuentran en proceso, cabe mencionar las siguientes:
• Regionalización de la Defensoría de Oficio, que contempla la división del Estado en cuatro zonas geográficas.
• Planta física, que viene a resolver la necesidad de contar con instalaciones dignas y apropiadas para la función encomendada a este Organo Jurisdiccional.
• Actualización informática.
• Actualización jurisdiccional.
• Cursos de formación, integración, actualización y capacitación tanto a nivel municipal, como del propio personal al servicio del Tribunal.
Conscientes de que el artículo 82 de la Constitución Política del Estado, ubica al Tribunal en el ámbito del Poder Ejecutivo, por ser contralor de legalidad de los actos de éste, el Pleno ha determinado la puesta en marcha del programa de justicia preventiva en el campo administrativo, que incluye el intercambio de experiencias, opiniones y estudios sobre leyes administrativas del estado, con funcionarios estatales y municipales y con los propios legisladores.
